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La profunda crisis experimentada por el sector de la construcción ha afectado drásticamente a las empresas que ofrecen servicios y productos a esta industria. Una de las consecuencias más negativas es la demora en los pagos a las subcontratas y la morosidad, que se traduce en una falta de liquidez de estas últimas, dificultando la supervivencia de asociaciones como las que representa PGAPROC.

En estos últimos meses, la Administración ha diseñado medidas para oxigenar la industria de la construcción, como por ejemplo, el Plan E, pero no ha tenido en cuenta las necesidades de las subcontratas que, a pesar de que siguen adelantando la prestación de servicios y el suministro de productos a estas empresas, no reciben la remuneración efectiva por el trabajo realizado.

La lucha contra la morosidad es el principal nexo de unión entre las asociaciones miembros de PGAPROC. De hecho, todas estas agrupaciones sufren, en mayor o menor medida, las consecuencias de esta realidad tan extendida en el sector de la construcción, a pesar de la existencia de la Ley 3/2004 de morosidad, que limita en un máximo 45 días el plazo para el pago de servicios. La demora constante en los pagos de las contratas a las subcontratas supone una pérdida de liquidez a los negocios del sector. Esta circunstancia implica una importante limitación para la gestión económica de las empresas, el pago de empleados y el acometimiento de nuevos proyectos, entre otros. 

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